UNA GRAN INJUSTICIA

Una gran injusticia es lo que se ha cometido con los Srs. Camps y Costa. Tuvieron que dejar sus responsabilidades públicas acusados de delitos de los que un anónimo jurado popular les ha declarado inocentes. Han gastado su dinero particular –seguramente- en defender esa ya aclarada inocencia, y han visto su honorabilidad vilipendiada por todo tipo de gentes que claramente expresaban su deseo de liquidarles políticamente y no el de hacer triunfar la justicia.

Urge pues, corregir los funestos resultados de tamaña injusticia. Debe reponerse a estos ciudadanos en sus puestos públicos y pedirles públicamente perdón por las ofensas recibidas, desagraviarles como a honrados ciudadanos corresponde.

Vuelvan a dirigir los destinos de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular valenciano, una sociedad corrupta precisa ser dirigida por corruptos, una sociedad ignorante merece ser gobernada por aprovechados, una sociedad abotargada necesita una mano firme que le administre más toros, más fútbol, más mundos ilusiones y tierras míticas, y sobre todo más misas y más procesiones que imploren perdón al Altísimo por los muchos pecados de infidelidad e idolatría de sus ciudadanos.

Y cuando el nuevo ministro de injusticia pide profundas reformas en el sistema judicial tiene razón, toda la razón. No podemos seguir en manos de incontrolados peligrosos, hay que dar más garantías, más seguridad. Júzguese al incontrolado Garzón que se creyó que era alguien y, como poco, sepáresele de nuestro mediocre sistema judicial que permite que tipos como él lleguen a presidir altos tribunales.

Efectivamente los jueces del Consejo Supremo del Poder Judicial deben tener mayores defensas contra políticos que si hoy son favorables a la ideología dominante de los jueces, nadie sabe qué podría llegar a pasar en el futuro. Elijan los jueces a sus jefes, que ya nos enseñó Mussolini  que no hay nada más razonable que un sistema corporativo frente a esa mamarrachada de que todos los ciudadanos puedan opinar de todo,  y que sus opiniones tengan consecuencias para los dirigentes que pueden resultar incluso ridículas como ha sido ahora el caso.

Y si los jueces eligen a los cuidadores de la buena impartición de la justicia, los partidos elijan a los jurados de los casos en los que deba haberlos. Es lo lógico, los jurados deben reflejar el sentir más o menos jurídico de la sociedad de la que surgen, y para ello no hay mejor método que el que los parlamentos locales elijan a los jurados. Eso sí que será justo y equilibrado, no un absurdo sorteo anónimo.

Y ya está bien de eso de que la justicia tenga que ser gratuita, el que quiera justicia que la pague, que no se ve razón alguna por la que gentes honradas y limpias que nunca se van a ver en pleitos, tengan que pagar las barbaridades de los presuntos criminales. Cada uno que pague lo suyo, que para la buena gente basta con confiar en la policía y no hacen falta demasiados pleitos.

Y eso que ha manifestado el Sr. González Pons de que ahora que ha declarado el jurado inocentes a los Srs. Camps y Costa, los fiscales deben pagar por la responsabilidad que han tenido al acusarles de delitos de forma aventurada, es algo casi obvio. Hicieron correr riesgos gratuitos e innecesarios a estos ciudadanos, paguen ahora corriendo ellos con esos mismos riesgos, paguen con multas, cárcel o inhabilitación, pero evítese que se vayan tan tranquilamente y puedan seguir haciendo barbaridades jurídicas desde sus hasta ahora seguros puestos de fiscales.

Y así sigamos en la vía abierta afortunadamente por el nuevo gobierno, por su partido, y por la inmensa mayoría de la ciudadanía: Un país corrupto exige dirigentes corruptos o si no, nunca habrá justicia verdadera. Tengamos esperanza, y pongamos todo nuestro empeño ciudadano en ese nuevo amanecer que ya asoma por el horizonte político de nuestro país, y que como debe ser, nace hoy por el levante, por Valencia y las Baleares, amanecer noble y puro como en el pasado ha ocurrido siempre en nuestra eterna España, a Dios gracias.

EL GOBIERNO DEL PP DECLARA LA GUERRA A MUERTE CONTRA LOS POLÍTICOS CORRUPTOS. SI LOS SUPRIMEN ¿QUIEN NOS VA A GOBERNAR?

La tremenda campaña de acoso a la corrupción desatada por el nuevo gobierno del PP parece por ahora centrarse en reformar el Código Penal para que los políticos que administren mal el dinero público sean condenados por los tribunales de justicia por esa mala administración.

Claro que luego, en una rueda de prensa, la vicepresidenta deja caer que el terrible castigo para los corruptos convictos y confesos se podría reducir a inhabilitarles para repetir electoralmente. Eso ya parece más razonable y comedido, como corresponde a un partido prudente, conservador y lejano de todo radicalismo y ferocidad, quizás visto que, a diferencia de hace unos años, la casi totalidad de los cargos públicos de todo el Estado son más bien de su partido que de otros.

Es muy graciosa esta comedia, pero lamentablemente parece que si se sigue por ahí quizás acabe en esperpento o incluso en simpática revista teatral con las señoras Cospedal o Santamaría en el lugar de Celia Gámez.

Al margen de estas campañas, estudiemos la realidad.

El Código Penal español ya recoge sobradamente penas para quienes maladministren el dinero público, siempre que se pueda demostrar dolo, intención de utilizar ese dinero para fines ajenos a los intereses públicos. El delito está tipificado como malversación de caudales públicos.

Al margen de la calificación como delito, que indicamos existe desde tiempos inmemoriales en el Código Penal, cuando un político administra los caudales públicos para intereses privados o de partido, independientemente de que pueda haber otros delitos como cohecho o prevaricación que puedan correr paralelos o no a la malversación, además de ser juzgado por el Código Penal, tiene la posibilidad de ser perseguido por el llamado Tribunal de Cuentas del Reino.

Este tribunal sólo persigue la responsabilidad contable de los que han de administrar dinero público, y su labor consiste en detectar y juzgar la responsabilidad personal de estos administradores. Su condena es sólo económico-administrativa. El político o funcionario al que el Tribunal encuentre culpable de haber utilizado en fines ajenos al interés público el dinero que tiene la responsabilidad de administrar, queda condenado a devolver de su bolsillo la cantidad utilizada inadecuadamente desde su ayuntamiento, diputación, empresa pública o cualquier otro organismo desde el que actuara de esta manera, con los intereses correspondientes.  

Una vez condenado ese político o funcionario por el Tribunal de Cuentas, los tribunales de lo penal no pueden sentenciar en sentido absolutorio por el delito ya juzgado por el Tribunal de Cuentas, y ahí la condena sí será de cárcel, multas, inhabilitación, etc.

Por otra parte el Tribunal de Cuentas es único, tiene jurisdicción sobre la totalidad de los organismos públicos y empresas de titularidad pública de España, y no tiene apelación a más alta instancia. Lamentablemente su capacidad de actuación es lo razonablemente limitada por medios y personal como exigen la política nacional y la corrupción organizada.

O sea, que el mecanismo judicial para perseguir hasta el último céntimo malversado o simplemente utilizado con fines ilícitos, existe, y son excusas de mal pagador el decir ahora que haya que reformar el Código Penal para perseguir la mala administración pública que ellos mismos han montado.  

¿Qué es entonces lo que falla? Todos lo sabemos, y eso no se quiere ni tocar: una justicia pobre, ineficaz y corrupta. Una voluntad política decidida de no perseguir el delito ni la mala administración, y un sistema judicial viciado desde sus cimientos, por tradición de una gran parte de sus miembros, herederos directos de la corruptísima administración judicial de la dictadura franquista, periodo en el que los jueces y los fiscales eran simplemente unos altos empleados del Régimen para perseguir oponentes políticos y esconder corruptelas privadas, y en el que si resultaba inevitable con el Código Penal en la mano condenar a un corrupto o un criminal de altos vuelos, se le ponía en libertad por medio de una simple firma del dictador con un indulto personal.

¿Recuerdan a un tal Jesús Gil condenado por homicidio de medio centenar de ciudadanos como consecuencia de sus impresentables obras como promotor inmobiliario?

¿Y que ha pasado hace tres meses nada más, en plena democracia, con el vicepresidente del Banco Santander?

Y para colmo si aparece un juez o un fiscal que quiera aplicar la ley sobre los corruptos y los que administran caudales públicos ilícitamente, no lo dude nadie, acabará en el banquillo, el juez, claro está, no el corrupto. ¿O es que no estamos en España?

Y otro día hablaremos de eso que resulta irónicamente llamarse “independencia judicial” y que inspiró a un célebre político hace muchos años una afirmación ya histórica “La justicia en España es un cachondeo”. El autor de la frase fue juzgado y perseguido por los tribunales y condenado por haber hecho tan poco delicada afirmación.

¿QHDLM?

Ya dijimos en un artículo anterior que el sistema electoral español se rige por el principio de “¿Qué hay de lo mío?”. O sea, hay una minoría que vota en cada convocatoria según creencias y opiniones, y hasta según convicciones ideológicas y políticas sinceras, y sin embargo quienes deciden son los votantes de ese partido llamado ¿Qué hay de lo mío? Desde hace muchos años la inmensa mayoría.

En los tiempos dorados del ladrillo el amo reclutaba a los votantes  de ese importante partido sabiendo que tras ser aupado al poder podía darse el lujo de abrir la ventanilla y los simpáticos electores pasarían por caja presentando su acreditación y recibirían “lo suyo” según justos merecimientos.

Pero como en todos los partidos supuestamente democráticos hay tres categorías: simpatizantes, militantes y jefes y jefecillos. Los primeros reciben su licencia para abrir un bar en zona privilegiada de pueblo turístico, o su contrata para vender materiales de obra para la imprescindible rotonda de la entrada del pueblo, o la colocación de un hijo entre el extrañamente superabundante personal fijo del ayuntamiento o la Diputación. Los segundos reciben el premio a sus esfuerzos con cargos públicos de segundo orden, verdaderas contratas inmobiliarias, e incluso con dinero fresco en forma de subvenciones a empresas ficticias que ni siquiera es preciso llegar a crear. Los últimos tienen la alta capacidad de decidir, de mandar, de llevarse la tajada principal en todo lo que se mueva.

El sistema se basa en dos mecanismos que todo el mundo sabe que es preciso que resulten discretos, o incluso secretos más allá de los directamente interesados en cada operación.

La primera es la comisión. O sea, el Sr. alcalde, concejal de urbanismo, consejero autonómico, ministro, presidente de diputación provincial, o lo que sea con poder de decidir, decide dar a su fiel militante del partido conocido por las siglas ¿QHDLM? que le ha apoyado en las elecciones, una bonita concesión, licencia, contrata oficial, o tal o cual prebenda de precio manifiestamente abusivo. Si tal obra cuesta veinte mil euros, se le da por cincuenta mil, a repartir, para el fiel servidor, los veinte mil fetén y cinco o diez mil más, para el responsable público que firma la concesión, entre un 7 y un 30 %, o sea unos veinte mil a reembolsar en efectivo de forma inmediata, y para repartir entre tal funcionario imprescindible, tal conseguidor intermediario, para el representante de tal o cual sindicato, asociación, etc. los restos, que pueden ser en efectivo o se le hace llegar cuidadosamente un jamón patanegra a su domicilio particular u otro detallito cualquiera. No ponemos en duda que hay y ha habido responsables públicos honrados en los tiempos y regiones del ladrillazo, la prensa se ha hecho eco de algunos raros casos, por ejemplo los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, y desde luego el mítico alcalde de Marinaleda.

La segunda es la magia de las leyes urbanísticas y su visto y no visto con el dinero público. La legislación urbanística se hizo hace ya quince años con el fin de crear inmensas masas de dinero negro. Se supone la buena voluntad de los legisladores que supuestamente habían pensado que el dinero negro sólo puede ser utilizado para el consumo para evitar ser detectado por la Hacienda pública y sus malvados inspectores, y que por tanto era el instrumento ideal para producir una gigantesca oleada de consumo que daría vidilla al país entero. ¡Sin duda una gran intención y una gran idea!

Las leyes urbanísticas permitían y permiten que un erial de dos euros el metro cuadrado pase, por la firma de un capitoste, a valer en el mercado inmobiliario trescientos o cuatrocientos euros siendo exactamente el mismo y sin haber siquiera metido en él un ladrillo. Se llama recalificación.

Y esas mimas leyes permiten que se venda a un promotor suelo público de valor de mercado de trescientos o cuatrocientos euros el metro cuadrado, a dos o tres euros. Se llama monetarización del patrimonio municipal del suelo resultante de la concesión a una promotora de la futura urbanización de un sector de municipio.

Si un alcalde puede con su simple firma conseguir que el reciente comprador de un erial a dos euros el metro lo pueda inmediatamente revender a cuatrocientos, o si una promotora compra al propio ayuntamiento ese patrimonio municipal de trescientos euros el metro a dos euros, ¿tenemos de verdad que creer que el alcalde es tonto y se le ha escapado sin enterarse el burdo pelotazo, o más bien creeremos que esa pingüe diferencia se reparte cuidadosamente, claro está que necesariamente en negro. De cajón.

¿Y de donde saca el promotor esos billetazos de quinientos euros con que suplir esas diferencias para compensar adecuadamente a su buen protector? Pues todo el mundo lo sabe excepto según parece los registradores de la propiedad y los notarios, que son unos cuerpos de semianalfabetos que no tienen ni idea de la vida real de sus respectivos pueblos. El promotor le vende sus apartamentos, pisos, chalets, o estudios al buen vecinos por doscientos mil euros, pero el día antes de ir al notario, le dice que le lleve la mitad en billetes de banco en una bolsita de plástico de supermercado, y que se registrará la propiedad por sólo cien mil, y que si no le parece bien, no habrá trato. Y punto.

¿Y de donde sacaba el simple propietario esos cien mil en billetes de banco? Pues obviamente de quien los tiene: del banco, que le llama para decirle que le va a dar un crédito por lo que quiera y el doble si hace falta, que por ellos que no quede, que si la escritura del piso es de cien mil, ellos le dan en la firma de la hipoteca ciento veinte mil por los gastos de lo que sea, y le arreglan además un crédito de consumo por la diferencia, que no tiene que figurar en casi ningún sitio porque no tiene más que decirle a Hacienda que se lo ha gastado en irse de crucero a Hawai con su señora e hijos.

¿Y de donde saca el banco el dinero para inundar todo el país de billetes de banco?  Pues se lo pide prestado a unos tipos llamados agiotistas y especuladores internacionales que sin más se lo entregan contra la firma de cuatro o cinco papelitos que obligarán un incierto pero seguro día a devolverlo aumentado.

Y esos agiotistas y especuladores ¿de donde sacan a su vez esos montones de dinero que con tal alegría ponen en circulación? Pues, aunque parezca mentira, de la nada. No existe valor alguno que respalde ese dinero. Pero ese es un tema para otro artículo.

Y ahora se ha acabado el pastel. El negro ha ido a su patria: el paraíso fiscal, y parte de él se ha blanqueado en millones de televisores de plasma, coches de alta gama, cruceros de lujo, y otras imperiosas necesidades de las clases entonces medianamente pudientes pero poco precavidas.

Ahora los simpatizantes del partido ¿QHDLM? van a cobrar la facturita de esos materiales de obra de la imprescindible rotonda y en el ayuntamiento les dicen que vuelvan otro día, a poder ser el del Juicio Final por la tarde, el promotor, fiel militante del partido ¿QHDLM?, tuvo el buen cuidado de llevarse el dinerito en negro a sus paraísos fiscales y pedirle al banco el crédito para levantar la ruinosa urbanización y ahora ha tenido que enfrentar directamente la quiebra al no poder vender esa absurda urbanización y acabar por endosar al propio banco esos pisos ruinosos e invendibles o esos terrenos de dos euros reales el metro cuadrado inscritos en los libros de cuentas del banco como terrenos de cuatrocientos euros el mismísimo metro cuadrado, y el alcalde, jefecillo del partido ¿QHDLM?, se lo fundió en comprar unos terrenitos que el alcalde de ese mismo partido del pueblo de al lado iba a recalificar en breve y que ahora vuelven a ser eriales de primera para el cultivo de patatas, y el vecino que acabó votando al partido ¿QHDLM? en vista de que era una fábrica de lujo y confort para el pueblo le debe al banco una pasta imposible de afrontar y ha sido despedido de su empresa que fabricaba materiales o servicios para la construcción, y en consecuencia el banco se queda la finca, y por fin el propio banco, como utilizó un dinero que había sido creado por arte de magia, se encuentra al borde de la quiebra con unos miles de terrenos y apartamentos que no hay forma de esconder a su precio real debajo de ninguna alfombra.

Ese es el panorama. El gran partido ¿QHDLM?, se desintegra, comienzan a mirarse de soslayo, con manifiesta desconfianza, sus simpatizantes, militantes, jefecillos, jefes y capitostes. Sus banqueros responden a las llamadas de los simpatizante, militantes, jefecillos jefes y capitostes con eso de que están imperiosamente reunidos, la fiesta se acaba, aunque no de la misma manera para todos, y ya se sabe que eso no hace más que provocar envidias y odios tan inquebrantables como ayer lo eran las adhesiones.

Sólo nos queda una alegría: la de ver al fin como algunos responsables con delitos penales ya exagerados pasan por el banquillo y hacen el ridículo, como por ejemplo cuando todos escuchamos la grabación en la que un presidente de una Comunidad Autónoma le dice al poderoso capo local lo de “Te quiero un huevo” y “tenemos que quedar para hablar de lo nuestro, que es muy bonito”. Menos mal que los gobiernos socialistas legalizaron el divorcio y el matrimonio gay, aunque no está claro si se referían a esto.

EL MANGO Y LA SARTÉN

Es curioso ver cómo autoproclamándose el Sr. Rajoy vicepresidente económico, más o menos en funciones de presidente de gobierno, no resulta fácil averiguar quien es el verdadero vicepresidente económico con verdadera capacidad para decidir el futuro del país.

Se llama Rodrigo Rato, fue el vicepresidente con Aznar que abrió la gran puerta de la burbuja inmobiliaria y bancaria, pasó luego a presidir el Fondo Monetario Internacional, organismo cuya actividad no es precisamente parangonable a la de Cáritas, sino que más bien existe para arruinar a las economías más débiles y fortalecer a los bancos más poderosos, siendo esa exactamente la única función que tiene en la actualidad encomendada por los poderes reales que nos gobiernan.

Pero el Sr. Rato resulto ser un padre de familia muy responsable, lo que quedó claro  cuando antes de acabar su mandato se retiró de ese poderosísimo puesto, por cierto extraordinariamente remunerado, para cuidar de sus pobres hijos a los que, según propias declaraciones, reconocía tener poco atendidos. Curiosamente su voluntaria dimisión coincidió casi exactamente con la de su partenaire en el Banco Mundial, al que ciertos poderes reales de su entorno inmediato hubieron de convencer, por los clásicos métodos retorcidos norteamericanos, haciéndole responsable de un asunto de faldas con consecuencias poco claras en el propio organigrama del Banco Mundial. Con Rato no hicieron falta tales procedimientos, comprendió la situación al primer aviso. Todo esto ocurrió al comienzo de la expansión salvaje de las burbujas financieras e inmobiliarias en los EEUU y el resto de países dispuestos a demostrar eso de que España es el país en el que se puede uno enriquecer más rápidamente, que dijo el ministro de Hacienda de entonces. En el seno de estos desgraciados organismos internacionales se estaba peleando a puñaladas por el control de los resultados de esas burbujas que nadie allí ignoraba a quienes podrían favorecer y a costa de quienes.

Entonces el buen Sr. Rato se resignó a ser sólo el presidente de Caja Madrid, un banco comido por la oscura gestión del Sr. Blesa y la especulación inmobiliaria.

Luego, consiguió comerse a una de las cajas más oscura de España: la BanCaja valenciana que se encontraba al borde del desastre y se negaba a incrementar ese desastre uniéndose a la podridísima Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, hoy ya liquidada. Recordemos además que Bancaja era la propietaria del Banco de Valencia dedicado a instrumento político directo de los dirigentes locales de Valencia y, ahora sabemos, que de ciertos intereses mallorquines, banco ahora también liquidado.

Y en esto llegó Rajoy. Gracias al fracaso de la caótica política del PSOE, consiguió llegar sin ninguna propuesta de gobierno a presidir el gobierno de España. Magia potagia.

Y Rajoy, que es obvio que carece de cualquier plan, organizó la parte del gobierno dedicada a aplaudir con las orejas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial con dos buenos personajes: el Secretario de Estado de Economía cuando Rato era vicepresidente, y el Secretario de Estado de Política Económica cuando Rato era vicepresidente, Srs. Montoro y de Guindos. Además Montoro fue con Aznar el sucesor en el Ministerio del propio Rato, y de Guindos fue el Secretario de Estado de Economía con el buen sucesor de Rato.

Y en el duro paquete de medidas que estos tres señores, Rajoy, de Guindos y Montoro, deciden aplicar desde su mayoría absoluta generosamente donada por la ciudadanía española, se incluye una muy interesante, reducir el número de bancos ruinosos, y salvar prestándoles dinero público a sabiendas de que no se va a devolver nunca jamás, a los bancos más poderosos. Esto coincide con que el pobre Sr. Botín se encontraba en ciertos apurillos hace unos días porque no tenía solvencia para mantener sus deudas y sus activos. Al cabo de unos días el Sr. presidente del Santander, dice que si que tiene ya esa capitalización sin que sea posible comprender tan súbito cambio. Y el gobierno anuncia la necesaria fusión de bancos que de lugar a pocos muy poderosos y solventes, para lo cual hay que hacer desaparecer unos activos de la época de la burbuja inmobiliaria que ahora nada valen.

Solución: el superbanco superendeudado y supervaciado de valor que resultó de la absorción de Bancaja por Caja Madrid y que preside en exclusiva el ínclito Sr. Rato tras quitarse de en medio a su vicepresidente (antiguo presidente de la Comunidad Valenciano-siciliana, Sr. Olivas, expresidentes de Bancaja) y el putrefacto Banco de Valencia, habrá de acabar en amorosa fusión con alguien muy poderoso que lo absorba cuidadosamente cuando haya liquidado sus activos basura.

Se admiten apuestas, pero todo parece indicar que Bankia será la pieza que se comerá el Santander cuando esos activos basura se los haya comido… la ciudadanía española por prescripción facultativa de los empleados antiguos del Sr. Rato, ahora gobernantes de nuestra castigada economía. Y el Sr. Botín, que ya va cumpliendo muchos años, tendrá el honor de sentar a su mesa como vicepresidente al Sr. Rato, con el acuerdo bajo esa misma mesa de retirarse en pocos años y dejarle al frente del que puede acabar siendo uno de los mayores bancos del mundo. Sic transit gloria mundi.

No hay como tener la sartén por el mango sin que los comensales se enteren demasiado de lo que se cocina en ella. Y el Sr. Rajoy, mientras tanto, tocando el violón.