Ya dijimos en un artículo anterior que el sistema electoral español se rige por el principio de “¿Qué hay de lo mío?”. O sea, hay una minoría que vota en cada convocatoria según creencias y opiniones, y hasta según convicciones ideológicas y políticas sinceras, y sin embargo quienes deciden son los votantes de ese partido llamado ¿Qué hay de lo mío? Desde hace muchos años la inmensa mayoría.
En los tiempos dorados del ladrillo el amo reclutaba a los votantes de ese importante partido sabiendo que tras ser aupado al poder podía darse el lujo de abrir la ventanilla y los simpáticos electores pasarían por caja presentando su acreditación y recibirían “lo suyo” según justos merecimientos.
Pero como en todos los partidos supuestamente democráticos hay tres categorías: simpatizantes, militantes y jefes y jefecillos. Los primeros reciben su licencia para abrir un bar en zona privilegiada de pueblo turístico, o su contrata para vender materiales de obra para la imprescindible rotonda de la entrada del pueblo, o la colocación de un hijo entre el extrañamente superabundante personal fijo del ayuntamiento o la Diputación. Los segundos reciben el premio a sus esfuerzos con cargos públicos de segundo orden, verdaderas contratas inmobiliarias, e incluso con dinero fresco en forma de subvenciones a empresas ficticias que ni siquiera es preciso llegar a crear. Los últimos tienen la alta capacidad de decidir, de mandar, de llevarse la tajada principal en todo lo que se mueva.
El sistema se basa en dos mecanismos que todo el mundo sabe que es preciso que resulten discretos, o incluso secretos más allá de los directamente interesados en cada operación.
La primera es la comisión. O sea, el Sr. alcalde, concejal de urbanismo, consejero autonómico, ministro, presidente de diputación provincial, o lo que sea con poder de decidir, decide dar a su fiel militante del partido conocido por las siglas ¿QHDLM? que le ha apoyado en las elecciones, una bonita concesión, licencia, contrata oficial, o tal o cual prebenda de precio manifiestamente abusivo. Si tal obra cuesta veinte mil euros, se le da por cincuenta mil, a repartir, para el fiel servidor, los veinte mil fetén y cinco o diez mil más, para el responsable público que firma la concesión, entre un 7 y un 30 %, o sea unos veinte mil a reembolsar en efectivo de forma inmediata, y para repartir entre tal funcionario imprescindible, tal conseguidor intermediario, para el representante de tal o cual sindicato, asociación, etc. los restos, que pueden ser en efectivo o se le hace llegar cuidadosamente un jamón patanegra a su domicilio particular u otro detallito cualquiera. No ponemos en duda que hay y ha habido responsables públicos honrados en los tiempos y regiones del ladrillazo, la prensa se ha hecho eco de algunos raros casos, por ejemplo los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, y desde luego el mítico alcalde de Marinaleda.
La segunda es la magia de las leyes urbanísticas y su visto y no visto con el dinero público. La legislación urbanística se hizo hace ya quince años con el fin de crear inmensas masas de dinero negro. Se supone la buena voluntad de los legisladores que supuestamente habían pensado que el dinero negro sólo puede ser utilizado para el consumo para evitar ser detectado por la Hacienda pública y sus malvados inspectores, y que por tanto era el instrumento ideal para producir una gigantesca oleada de consumo que daría vidilla al país entero. ¡Sin duda una gran intención y una gran idea!
Las leyes urbanísticas permitían y permiten que un erial de dos euros el metro cuadrado pase, por la firma de un capitoste, a valer en el mercado inmobiliario trescientos o cuatrocientos euros siendo exactamente el mismo y sin haber siquiera metido en él un ladrillo. Se llama recalificación.
Y esas mimas leyes permiten que se venda a un promotor suelo público de valor de mercado de trescientos o cuatrocientos euros el metro cuadrado, a dos o tres euros. Se llama monetarización del patrimonio municipal del suelo resultante de la concesión a una promotora de la futura urbanización de un sector de municipio.
Si un alcalde puede con su simple firma conseguir que el reciente comprador de un erial a dos euros el metro lo pueda inmediatamente revender a cuatrocientos, o si una promotora compra al propio ayuntamiento ese patrimonio municipal de trescientos euros el metro a dos euros, ¿tenemos de verdad que creer que el alcalde es tonto y se le ha escapado sin enterarse el burdo pelotazo, o más bien creeremos que esa pingüe diferencia se reparte cuidadosamente, claro está que necesariamente en negro. De cajón.
¿Y de donde saca el promotor esos billetazos de quinientos euros con que suplir esas diferencias para compensar adecuadamente a su buen protector? Pues todo el mundo lo sabe excepto según parece los registradores de la propiedad y los notarios, que son unos cuerpos de semianalfabetos que no tienen ni idea de la vida real de sus respectivos pueblos. El promotor le vende sus apartamentos, pisos, chalets, o estudios al buen vecinos por doscientos mil euros, pero el día antes de ir al notario, le dice que le lleve la mitad en billetes de banco en una bolsita de plástico de supermercado, y que se registrará la propiedad por sólo cien mil, y que si no le parece bien, no habrá trato. Y punto.
¿Y de donde sacaba el simple propietario esos cien mil en billetes de banco? Pues obviamente de quien los tiene: del banco, que le llama para decirle que le va a dar un crédito por lo que quiera y el doble si hace falta, que por ellos que no quede, que si la escritura del piso es de cien mil, ellos le dan en la firma de la hipoteca ciento veinte mil por los gastos de lo que sea, y le arreglan además un crédito de consumo por la diferencia, que no tiene que figurar en casi ningún sitio porque no tiene más que decirle a Hacienda que se lo ha gastado en irse de crucero a Hawai con su señora e hijos.
¿Y de donde saca el banco el dinero para inundar todo el país de billetes de banco? Pues se lo pide prestado a unos tipos llamados agiotistas y especuladores internacionales que sin más se lo entregan contra la firma de cuatro o cinco papelitos que obligarán un incierto pero seguro día a devolverlo aumentado.
Y esos agiotistas y especuladores ¿de donde sacan a su vez esos montones de dinero que con tal alegría ponen en circulación? Pues, aunque parezca mentira, de la nada. No existe valor alguno que respalde ese dinero. Pero ese es un tema para otro artículo.
Y ahora se ha acabado el pastel. El negro ha ido a su patria: el paraíso fiscal, y parte de él se ha blanqueado en millones de televisores de plasma, coches de alta gama, cruceros de lujo, y otras imperiosas necesidades de las clases entonces medianamente pudientes pero poco precavidas.
Ahora los simpatizantes del partido ¿QHDLM? van a cobrar la facturita de esos materiales de obra de la imprescindible rotonda y en el ayuntamiento les dicen que vuelvan otro día, a poder ser el del Juicio Final por la tarde, el promotor, fiel militante del partido ¿QHDLM?, tuvo el buen cuidado de llevarse el dinerito en negro a sus paraísos fiscales y pedirle al banco el crédito para levantar la ruinosa urbanización y ahora ha tenido que enfrentar directamente la quiebra al no poder vender esa absurda urbanización y acabar por endosar al propio banco esos pisos ruinosos e invendibles o esos terrenos de dos euros reales el metro cuadrado inscritos en los libros de cuentas del banco como terrenos de cuatrocientos euros el mismísimo metro cuadrado, y el alcalde, jefecillo del partido ¿QHDLM?, se lo fundió en comprar unos terrenitos que el alcalde de ese mismo partido del pueblo de al lado iba a recalificar en breve y que ahora vuelven a ser eriales de primera para el cultivo de patatas, y el vecino que acabó votando al partido ¿QHDLM? en vista de que era una fábrica de lujo y confort para el pueblo le debe al banco una pasta imposible de afrontar y ha sido despedido de su empresa que fabricaba materiales o servicios para la construcción, y en consecuencia el banco se queda la finca, y por fin el propio banco, como utilizó un dinero que había sido creado por arte de magia, se encuentra al borde de la quiebra con unos miles de terrenos y apartamentos que no hay forma de esconder a su precio real debajo de ninguna alfombra.
Ese es el panorama. El gran partido ¿QHDLM?, se desintegra, comienzan a mirarse de soslayo, con manifiesta desconfianza, sus simpatizantes, militantes, jefecillos, jefes y capitostes. Sus banqueros responden a las llamadas de los simpatizante, militantes, jefecillos jefes y capitostes con eso de que están imperiosamente reunidos, la fiesta se acaba, aunque no de la misma manera para todos, y ya se sabe que eso no hace más que provocar envidias y odios tan inquebrantables como ayer lo eran las adhesiones.
Sólo nos queda una alegría: la de ver al fin como algunos responsables con delitos penales ya exagerados pasan por el banquillo y hacen el ridículo, como por ejemplo cuando todos escuchamos la grabación en la que un presidente de una Comunidad Autónoma le dice al poderoso capo local lo de “Te quiero un huevo” y “tenemos que quedar para hablar de lo nuestro, que es muy bonito”. Menos mal que los gobiernos socialistas legalizaron el divorcio y el matrimonio gay, aunque no está claro si se referían a esto.
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