La tremenda campaña de acoso a la corrupción desatada por el nuevo gobierno del PP parece por ahora centrarse en reformar el Código Penal para que los políticos que administren mal el dinero público sean condenados por los tribunales de justicia por esa mala administración.
Claro que luego, en una rueda de prensa, la vicepresidenta deja caer que el terrible castigo para los corruptos convictos y confesos se podría reducir a inhabilitarles para repetir electoralmente. Eso ya parece más razonable y comedido, como corresponde a un partido prudente, conservador y lejano de todo radicalismo y ferocidad, quizás visto que, a diferencia de hace unos años, la casi totalidad de los cargos públicos de todo el Estado son más bien de su partido que de otros.
Es muy graciosa esta comedia, pero lamentablemente parece que si se sigue por ahí quizás acabe en esperpento o incluso en simpática revista teatral con las señoras Cospedal o Santamaría en el lugar de Celia Gámez.
Al margen de estas campañas, estudiemos la realidad.
El Código Penal español ya recoge sobradamente penas para quienes maladministren el dinero público, siempre que se pueda demostrar dolo, intención de utilizar ese dinero para fines ajenos a los intereses públicos. El delito está tipificado como malversación de caudales públicos.
Al margen de la calificación como delito, que indicamos existe desde tiempos inmemoriales en el Código Penal, cuando un político administra los caudales públicos para intereses privados o de partido, independientemente de que pueda haber otros delitos como cohecho o prevaricación que puedan correr paralelos o no a la malversación, además de ser juzgado por el Código Penal, tiene la posibilidad de ser perseguido por el llamado Tribunal de Cuentas del Reino.
Este tribunal sólo persigue la responsabilidad contable de los que han de administrar dinero público, y su labor consiste en detectar y juzgar la responsabilidad personal de estos administradores. Su condena es sólo económico-administrativa. El político o funcionario al que el Tribunal encuentre culpable de haber utilizado en fines ajenos al interés público el dinero que tiene la responsabilidad de administrar, queda condenado a devolver de su bolsillo la cantidad utilizada inadecuadamente desde su ayuntamiento, diputación, empresa pública o cualquier otro organismo desde el que actuara de esta manera, con los intereses correspondientes.
Una vez condenado ese político o funcionario por el Tribunal de Cuentas, los tribunales de lo penal no pueden sentenciar en sentido absolutorio por el delito ya juzgado por el Tribunal de Cuentas, y ahí la condena sí será de cárcel, multas, inhabilitación, etc.
Por otra parte el Tribunal de Cuentas es único, tiene jurisdicción sobre la totalidad de los organismos públicos y empresas de titularidad pública de España, y no tiene apelación a más alta instancia. Lamentablemente su capacidad de actuación es lo razonablemente limitada por medios y personal como exigen la política nacional y la corrupción organizada.
O sea, que el mecanismo judicial para perseguir hasta el último céntimo malversado o simplemente utilizado con fines ilícitos, existe, y son excusas de mal pagador el decir ahora que haya que reformar el Código Penal para perseguir la mala administración pública que ellos mismos han montado.
¿Qué es entonces lo que falla? Todos lo sabemos, y eso no se quiere ni tocar: una justicia pobre, ineficaz y corrupta. Una voluntad política decidida de no perseguir el delito ni la mala administración, y un sistema judicial viciado desde sus cimientos, por tradición de una gran parte de sus miembros, herederos directos de la corruptísima administración judicial de la dictadura franquista, periodo en el que los jueces y los fiscales eran simplemente unos altos empleados del Régimen para perseguir oponentes políticos y esconder corruptelas privadas, y en el que si resultaba inevitable con el Código Penal en la mano condenar a un corrupto o un criminal de altos vuelos, se le ponía en libertad por medio de una simple firma del dictador con un indulto personal.
¿Recuerdan a un tal Jesús Gil condenado por homicidio de medio centenar de ciudadanos como consecuencia de sus impresentables obras como promotor inmobiliario?
¿Y que ha pasado hace tres meses nada más, en plena democracia, con el vicepresidente del Banco Santander?
Y para colmo si aparece un juez o un fiscal que quiera aplicar la ley sobre los corruptos y los que administran caudales públicos ilícitamente, no lo dude nadie, acabará en el banquillo, el juez, claro está, no el corrupto. ¿O es que no estamos en España?
Y otro día hablaremos de eso que resulta irónicamente llamarse “independencia judicial” y que inspiró a un célebre político hace muchos años una afirmación ya histórica “La justicia en España es un cachondeo”. El autor de la frase fue juzgado y perseguido por los tribunales y condenado por haber hecho tan poco delicada afirmación.
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