El ministro de injusticia ha propuesto suprimir la ley del aborto y dejar una ley de excepcionalidad para eso de las violaciones o las enfermedades. Aclara que prohibir el aborto es una medida que se tomaría para proteger la libertad de las mujeres. Aclara más: que las mujeres están fuertemente presionadas “estructuralmente” para obligarlas a abortar y que hay que liberarlas con leyes liberadoras como la que él propone.
Quiere decirse que una mujer de una familia en paro, a punto de ser desahuciada y con dos hijos de menos de tres años, si se quedara embarazada habría que liberarla de la “presión estructural” a la que está sometida, y prohibirle abortar con excusas tan fútiles como su situación económica. Total, para morirse de hambre en la calle es más digno que se muera rodeada de su feliz descendencia.
La ministra del paro propone que se abra la mano para que los empresarios puedan despedir libremente a los trabajadores de sus empresas. Afirma que eso favorecerá la creación de puestos de trabajo, si bien antes tendrá que despedirse a la inmensa mayoría de los trabajadores hoy empleados. La lógica es obvia: si se despide libremente a la inmensa mayoría de los trabajadores al cabo de los años, por poco que se haga, siempre se crearán puestos nuevos de trabajo. Se podrán cumplir felizmente las promesas del nuevo gobierno.
El gobierno ha destituido a la cúpula de la inspección fiscal y al fiscal anticorrupción. Esto sin duda es muy necesario para que se suprima esa presión, también estructural, que dificulta a los millonarios y a los grandes empresarios y banqueros llevarse su dinero, tan honradamente ganado, a donde les de su libérrima gana.
El gobierno nombra al exdirector del periódico nacional más reaccionario de España, director de la agencia de información oficial. Eso resolverá el grave problema de que esta agencia y los periódicos más carcas se vean obligados a publicar noticias insidiosas, dará libertad a la prensa para publicar las cosas de forma moderada y racional, de forma adecuada a las necesidades más ortodoxas de la libertad de la prensa.
La mesa de las Cortes ha decidido que no se admitirán en el Parlamento cuestiones que afecten a los intereses privados de los señores y señoras y señoritos y señoritas diputados. Se quiere proteger la libertad de estos padres de la patria que podrían verse agredidos por cualquier desaprensivo que quiera sacar a relucir sus dineros, sus negocios, sus dietas, sus chanchullos, etc. Se hace imperioso proteger su libertad porque sólo su libertad más absoluta protegerá la libertad del pueblo llano.
Y por último –por ahora- esta misma mesa de las Cortes han decidido que no se admitirán en el Parlamento cuestiones que hagan referencia al rey. Esa libertad sí que es sagrada. Al fin y al cabo la Ley en España por imperativo constitucional NO es igual para todos. El rey tiene absoluta inmunidad judicial, y ahora también absoluta inmunidad social, libertad para delinquir sin poderse plantear ni tan siquiera la discusión sobre posibles irregularidades de su egregia persona.
Menos mal que por fin brillará la libertad en la nueva España de la vieja carcundia clerical, banquera y un pelín inquisitorial.
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