PREVARICACIÓN JUDICIAL: LA CLAVE DE BÓVEDA DEL PODER

La prevaricación consiste en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta y no ajustada a Derecho. Los jueces y magistrados que dictan resoluciones no ajustadas a Derecho puede ocurrir que lo hagan por ignorancia, estulticia, desidia, o agobiados por la urgencia, pero también porque convencidos de su intocabilidad personal decidan imponer criterios groseramente extrajudiciales y extralegales a procedimientos con fuerte carga política o ideológica o en su caso y directamente, por simples intereses pecuniarios.

Independientemente de que sea público y notorio que el Tribunal Constitucional es una simple tercera cámara no elegida por votación directa y popular sino por conchabeo de los partidos dominantes, y de que en casos como la última y delicada consulta a resolver hace unos días el denominado Mariano Rajoy telefonease repetidamente a varios magistrado del Tribunal durante el debate, no sabemos si para hablar de fútbol o de otros temas trascendentales, llama poderosamente la atención –como ahora es moda decir en lenguaje político-judicial- que del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional salgan autos groseramente políticos, que ni tan siquiera tienen antecedentes en los recientes cuarenta años de estructuras democráticas españolas. De esta manera el mantenimiento de presos sin sentencia judicial, como simples preventivos por supuestas posibles actuaciones a futuro impredecibles que pudieran resultar reiterativas de supuestos delitos no afectados por ahora por sentencia judicial alguna, constituye un evidente abuso de poder que debería ser contemplado como típica prevaricación judicial. Asimismo, la persecución en base a informes que incluyen de forma determinante elucubraciones sin base probatoria de la Guardia Civil sobre actuaciones políticas perfectamente incluidas en la actividad cívica de cualquier país democrático, calificándolas por magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de sediciosas o propias de rebelión, rozaría lo esperpéntico sino fuera algo realmente trágico. Ítem más cuando uno de los  principales informantes de la Guardia Civil es el hermano del anterior presidente del Tribunal Constitucional que además estuvo involucrado en casos de torturas sentenciados por los tribunales donde el grupo de los torturadores juzgados y parte de ellos condenados a presidio fue indultado por el Sr. Aznar en cuanto llegó al gobierno. Es evidente que sedición y rebelión hacen referencia directa y unívoca a acciones que siendo necesariamente políticas son sin embargo sustancialmente militares, y que por tanto no es ya forzar la interpretación de la Ley aplicarlas a los políticos catalanes actualmente perseguidos y encarcelados o exiliados, sino que es simplemente actuar de forma arbitraria y de evidente oportunidad política a favor de determinados partidos políticos contra tales o cuales otros partidos políticos democráticos.

Pero no debemos sospechar que el asunto es tan simple como que el mamporrero de la Srª Sáez de Santamaría llama al fiscal y le dicta el auto de acusación, y que éste dócilmente se lo envía al magistrado y éste dócilmente lo convierte en auto de prisión con regimentaria disciplina. Obviamente el asunto podría ocurrir así, pero es más lógico pensar que no es tan sólo una cuestión política. Es sobre todo o incluso quizás exclusivamente una cuestión ideológica. Los tres estamentos involucrados: Ejecutivo, acusación pública y magistratura parecería que, simplemente, coinciden en su visión del mundo de forma extremadamente precisa y que esa visión del mundo coincide más con la que se defiende y prevalece en sistemas fascistas o autoritarios que con la que debería prevalecer en un sistema democrático, esto es, que su visión del mundo resulta ser exactamente la misma que mantuvieron y defendieron los gobiernos, fiscales y jueces franquistas -sus padres y abuelos- y que cambiando simplemente las estructuras políticas de antaño por las de hogaño, son exactamente las mismas estructuras ideológicas, en las que la observación de la Ley queda muy por debajo de valores como el orden a cualquier precio, la autoridad establecida o supuestos y fantásticos mandatos divinos. Esa es la prevaricación que según todos los indicios estamos soportando. Prevaricación basada principalmente en la ideología, esa fue la gran estafa de la transición del 78, esa es la clave de bóveda del actual corruptísimo sistema democrático español.