DIPUTACIONES-AMPUTACIONES

El Sr. González abrió hace unos meses el debate imprescindible de la supresión de las Diputaciones provinciales. Al Sr. González le entusiasma abrir puertas y dejarlas abiertas. Sin duda es un método duro pero necesario para que se hable de verdadera política.

En cadena se han ido haciendo vaguísimas propuestas en los más variados sentidos y se han debatido por tertulianos, unos más lúcidos, los menos, otros, la inmensa mayoría, que mostraban pasmosa ignorancia de la administración local española, ofreciéndose propuestas de lo más variopinto, la inmensa mayoría nuevas vaguedades.

Muchos hacían referencia a los artículos de la Constitución del 78 que tratan de provincias, diputaciones y municipios, con notable desconocimiento de lo que dicen con exactitud esos artículos, otros proponían soluciones no ajustadas al marco constitucional sin mayor preocupación.

Aclaremos que aquella Constitución resulta extremadamente vaga en toda esta serie de conceptos, ya que se redactó bajo la larga sombra del franquismo y su más conspicuo representante, Manuel Fraga, sólo cedió a la espera de ver en que quedaría todo.

Así digamos que la Constitución abrió las puertas a la autonomía regional y nacional dentro del Estado, afirmó la existencia de la división territorial en las tradicionales provincias sin establecer ningún vínculo estructural entre estas y las Comunidades Autónomas, y añadió que las provincias habrán de ser gobernadas “a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo” (Art. 141).

Más adelante, el Art. 155 declara en franca contradicción con toda la estructura articulada anteriormente que “Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.”

Se puede concluir que en el reparto del articulado los artículos correspondientes a las Comunidades nacen del pacto Peces Barba-Fraga, los de las provincias y Diputaciones son producto de elaboración fragofranquista light, y el de los Delegados de Gobierno es resultado de un envite fragofranquista modelo cardenal Cisneros y estos son mis poderes.

Más de treinta años después y ante el pánico a abrir el sagrado melón constitucional, nos encontramos con una Constitución que no refleja ya adecuadamente la realidad estructural del Estado.

Aceptemos que no se quiera entrar a abrir ese melón por parte de quienes deciden sobre nuestras vidas y haciendas. Veamos pues cómo articular suaves alteraciones de la estructura que encajen aunque sea de mala manera con la periclitada Constitución.

Es evidente que tal como se expresan los artículos citados no hay obligatoriedad constitucional de mantener las Diputaciones, ya que explícitamente no lo exige ésta, simplemente cabe estructurar un pequeño gobierno provincial que difícilmente podría discutirse su dependencia de los gobiernos autonómicos correspondientes, o sea que se comerían a las actuales Delegaciones de los Gobiernos autonómicos, ya que una abstracción difusa cómo la obligación constitucional de que tengan “carácter representativo” lo garantizaría suficientemente el hecho de que el gobierno autonómico lo tiene de forma indiscutible.

Pero en lo que nadie quiere entrar es en la incongruencia del doble poder que tienen las Diputaciones y las Delegaciones del Gobierno.

¿Qué es hoy el Delegado del Gobierno? Un simple agente del partido de gobierno que se entremete en donde no debería constitucionalmente con opiniones y negociaciones que no pueden nunca hacerse demasiado públicas, y que marginalmente tiene además a su cargo la policía y la guardia civil donde no está delegada la administración de orden público.

Resulta claro que mejor que un político delegado del partido de gobierno, lo único que tiene valor real es un jefe local de policía, seguridad y grandes catástrofes, ya que ciertos problemas no reconocen fronteras entre Comunidades y sí que generan problemas de orden estatal. Nada más.

Debería entonces debatirse la supresión no sólo Diputaciones sino también Delegaciones de Gobierno, aunque con los trucos de cambiar el nombre a las Diputaciones y convertirlas en órganos administrativos de los gobiernos autonómicos, y las Delegaciones de Gobierno, pero conservando capciosamente tan curioso nombre, aunque se reduzca su contenido a jefe local de la policía estatal.

Si se hiciera así se obtendría efectivamente una racionalización de la estructura administrativa, y un notable ahorro económico.

Parecería fácil, pero entiéndase donde está el truco. Cualquier debate sobre la reforma de la administración local es en realidad un duro debate sobre si debe reformarse ésta hacia una mayor descentralización, esto es, federalización, o hacia una mayor estatificación. Los partidarios de una u otra tendencia son prácticamente irreductibles, y la virulencia de algunas posiciones y partidos es verdaderamente peligrosísima.

¿Queremos una mayor centralización? Pues, más provincias, más Diputaciones y más Delegaciones de Gobierno, y desde luego mucha menos autonomía a las Comunidades. ¿Queremos una mayor federalización? Suprímanse Diputaciones, Delegaciones de Gobierno y rebájese la importancia de las provincias, y desde luego, consecuentemente, más peso a las Comunidades Autónomas.

Entiéndase entonces porque la derecha es renuente a ir en la dirección en la que forzaría las cosas una reforma de la administración local que suprimiese Diputaciones, y ni el PP ni el PSOE quieren de ninguna manera -por ahora- entrar a debatir el absurdo papel de los Delegados de Gobierno.

La reforma que liberase a la Administración de esos pesos muertos, instrumentos de enchufismos y presiones políticas de gobiernos centrales y locales, aliviaría un enorme gasto verdaderamente inútil para la administración, y de camino, e inevitablemente, provocaría algo inaceptable para la derecha de toda la vida: un paso adelante más en la federalización, un incremento del poder real de los gobiernos autonómicos, ya que no le quedaría al Estado más que un resto de poca importancia en la administración local, y no habría órganos de gobierno provinciales de color diferente al de su gobierno autonómico. Más aún, el concepto de provincia se tendería a difuminar a favor del de Comunidad Autónoma. Como decimos, más federalización.

Ese es el debate que realmente importa, en el que no quieren entrar ni unos ni otros de esos que, repetimos, deciden sobre nuestras vidas y haciendas. Y todo eso sin tocar la ya prehistórica Constitución del 78. Así que asistimos a una discusión de escaparate, y las reformas, que esperen, como es habitual en nuestro país. ¿O de verdad hay voluntad política de los grandes partidos estatales de reformar una administración tan útil para sus fines de aparato político local? ¿Se harán esas urgentes y necesarias reformas? A que no.