LA CULPA DE LA CRISIS LA TIENEN LOS MAESTROS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Sigue el debate público sobre los recortes en sanidad y educación, procurando eludir en todo momento el núcleo de la cuestión. Parece como que los recortes que se considerasen imprescindibles para salir de la crisis consistiesen en ver cómo abaratar la sanidad pública y la educación pública, y por tanto, considerar ese abaratamiento como inexorablemente inevitable.

En realidad si todo se resolviera yendo a por lo más barato, estaríamos discutiendo una cuestión banal. Nadie compra lo más barato, sino lo que se ajusta mejor a su particular bolsillo en la relación entre calidad y precio. La ciudadanía no debemos permitir que desde el poder se pretenda imponer a la sociedad la sanidad o la educación pública más barata posible, salvo que se acepte que quienes detentan ahora el poder político tengan el plan de eliminarlas.

El problema en la educación se discute sobre los sueldos y horarios de los profesores de primaria y secundaria, que aunque son la inmensa mayoría del mundo de la enseñanza no son en sentido estricto el mayor gasto en educación. Lo realmente caro es una buena universidad, con investigación de vanguardia, con decenas de miles de profesionales nuevos cada año, con centros de investigación, hospitales, contratos con empresas de tecnología avanzada, miles de profesionales manteniendo esas complejas estructuras, edificios, materiales, maquinaria, y servicios, eso es el coste más importante, aunque los institutos de secundaria sean la base imprescindible para mantener cierto prudente nivel. El actual gobierno tuvo la astucia de separar artificialmente la investigación de la educación, manteniendo una posición mercantilista en la que se debía suponer que la investigación era cosa fundamentalmente de la empresa privada, cuando es absolutamente imposible separar la investigación de la universidad.

Por otra parte el problema del coste de la sanidad pública se discute sobre el número de camas y de quirófanos abiertos y los salarios de los profesionales.

Todo eso esconde realidades que se pretende que no entren en la polémica.

Si bien la enseñanza media y universitaria españolas son menos que mediocres, no es menos cierto que la investigación y las tecnologías son de una calidad notable. En algunos aspectos son de primera fila, en otros son las mismas que en el resto de la Europa de nuestro entorno, y en otras son inferiores, pero nunca excesivamente inferiores. Cierto que los ámbitos en los que son de primera fila son pocos, pero la media es la misma de nuestro entorno europeo.

Lo que no da la talla es el tipo de empresarios que las pudieran utilizar. Salvo muy dignas excepciones la clase empresarial es mezquina, estrecha y enormemente miope en cuanto a la búsqueda de desarrollo a medio y largo plazo. Son empresarios para los que, en general, lo que no sea ganar dinero hoy mismo carece del mínimo interés. Es razonable que prefieran comprar lo que inventan o fabrican otros que pagar ellos investigación y tecnología avanzada, pero han de saber que con hacer siempre eso, lo único que consiguen a la larga es quedarse atrás mientras otros avanzan. Esos empresarios se niegan a darle valor añadido a lo que producen, sino que se limitan a ser simples intermediarios de lo que realmente producen otros fuera.

El ejemplo típico es el de la fabricación de automóviles. Se dice con cierta soltura que en España se producen tantos miles de coches al año, y se miente con ello. En España se montan esos miles de coches que vienen ya fabricados en piezas de otros países y se montan aquí por ser el país de mejor mano de obra al peor salario posible. Sólo por eso hay en España tantas plantas de montaje, que no de fabricación.

Y el ejemplo contrario es el de las energías alternativas, campo en el que los ingenieros y científicos que trabajan para las fábricas españolas consiguen continuamente pequeñas mejoras que provocan enorme valor añadido a los productos que en ellas se fabrican.

Igualmente en la sanidad, lo importante económicamente no es el coste de los salarios de médicos, enfermeros asistentes, etc., sino la afortunada conjunción de formación de profesionales y alta tecnología.

Si es bien cierto que la sanidad pública española es francamente buena, lo es no por aspectos comerciales, sino porque los profesionales están bien formados en todos lo niveles, y porque la tecnología, es decir, la maquinaria y farmacopea con la que se cuenta, es de primera fila.

Nadie duda de que no hay tratamiento que pueda darse en España en la sanidad pública contra cualquier enfermedad, que sea inferior al que pueda darse en cualquiera de los países considerados más avanzados en el mundo, tanto en el trato, por cierto mucho más humano en España que en otros países considerados muy avanzados, como en el tratamiento y la técnica a utilizar.

Luego, pretender ahorrar en el sueldo de los médicos, sanitarios, asistentes, etc., es ridículo cuando lo que realmente es costoso es mantener ese importante panel de maquinaria, hospitales y en la complejísima formación clínica de profesionales.

Más aún, reducir el número de profesionales, reducir sus sueldos, no precisamente notoriamente altos, y reducir las camas, es tirar a la basura ese inmenso capital en maquinaria médica, centros avanzados, profesionales bien formados, y tecnología punta de que están actualmente dotados nuestros centros de salud. Si se reduce el número de profesionales, se reducen las camas hospitalarias y los quirófanos se conseguirá tener una tecnología y unos profesionales excelentes subutilizados, desperdiciados, lo que evidentemente resulta a la larga mucho más caro que utilizarlos adecuadamente.

¿Qué se pretende entonces al querer cargarse precisamente a los profesionales ignorando dónde está el verdadero meollo de la cuestión?

Probablemente haya que aparcar el hecho de tener un número excesivo de políticos y gestores públicos verdaderamente estúpidos, y pensar que los pocos que no lo son, saben muy bien lo que hacen y pretenden.

Quizás pretenden precisamente que se evalúe la sanidad y la educación como una cuestión puramente mercantil, como un problema de costes a palo seco, no de calidad en relación con su coste, no de su necesaria rentabilidad dada la buena formación y la buena tecnología con la que ya se cuenta. Quizás pretenden convencer a la sociedad de que eso de lo público es siempre muy malo y lo privado es maravilloso, como siempre, como pasaba con Franco.

RECORTES Y REPARTOS

Resulta muy oportuno que se haya puesto encima de la mesa la cuestión de los imprescindibles recortes en educación y sanidad. Sin duda hay que recortar gastos inútiles en ambos campos.

Por ejemplo hay hospitales públicos que tienen gestión privada. Es obvio que si hay una empresa privada que acepta hacerse cargo de esa gestión es porque espera obtener un beneficio económico. Luego la administración ha decidido perder ese beneficio y regalárselo a unos empresarios cuyo único objetivo es ganar dinero con tal encargo.

Como nadie duda de que toda privatización significa peor servicio y mayor coste, sólo podemos comprender que se haga este tipo de regalos a empresarios particulares por razones espurias.

Se intenta tapar la evidente realidad con eso de que la gestión privada es más eficaz que la pública, lo que nunca ha podido, ni podrá, ser demostrado, Sin duda si hay una administración corrupta y unos funcionarios ineficaces, el servicio al que deberían atender será un despilfarro y un desastre, por lo que no hay más que evitar la corrupción en la administración con medidas severas de persecución de tales prácticas y comprender que en la actualidad los dos millones de trabajadores de la administración son trabajadores eficientes, serios y rigurosos al menos en la misma medida que en la empresa privada.

En todo caso nada indica que la corrupción en la administración y la ineficacia entre tales o cuales sectores de trabajadores sea mayor en la empresa pública que en la privada, y aún podríamos decir que la corrupción en la empresa privada a niveles directivos tiende a ser sospechosamente mucho mayor que en la administración pública.

Luego es cierto que se impone hacer fuertes recortes. El primero, devolviendo a la administración las inmensas regalías que se han hecho a empresarios cuya función es puramente ganar dinero, y suprimir todo ese mundo de privatizaciones que ha inundado desde hace tiempo la sanidad estatal.

En segundo lugar hay que entender que la educación es un deber del Estado, no una opción generosa del poder. Todo ciudadano tiene el derecho a recibir educación y formación al menos en el nivel mínimo exigible para que todo joven que pueda tener estudios superiores acceda a ellos sin ver mermada esa capacidad por falta de dinero en sus casas. Asimismo, es un derecho recibir una formación profesional adecuada al nivel en el que todos los jóvenes puedan resultar capacitados para el ejercicio de profesiones particulares, independientemente de que luego puedan encontrar trabajo en algún momento en ellas o en ciertos periodos se vean obligados a peonar para vivir.

De esta manera el Estado deberá proveer todas las plazas, centros y medios que se requieren para esos importantísimos fines. Sólo en los casos de resultar imposible por la administración pública cubrir esta obligación en algún ámbito o lugar concreto se puede entender y admitir que se recurra a empresas privadas para subsidiar esa necesidad.

No cabe entenderse que se regale a empresas privadas y especialmente a la poderosa Iglesia Católica lo que ha de cubrir la administración pública. Sólo en el caso de que no sea posible para el Estado atender a un grupo de niños o jóvenes en determinadas circunstancias o lugares se puede aceptar que se pague a una empresa privada por atenderles.

Luego sobran todas las formas de enseñanza concertada. Todo el dinero hoy empleado en pagar a los curas es imprescindible para abrir nuevas escuelas públicas y pagar más maestros y servicios en la enseñanza. Y luego, si hay una familia que teniendo acceso a la enseñanza pública quiere llevar a sus hijos a escuelas privadas, hágalo en buena hora, pero pagándolo ellos, no los demás ciudadanos.

¿Qué no están de moda estas ideas? Pues las que parecen estar de moda son precisamente las que nos han llevado a todos, menos a un exiguo y selecto grupo de millonarios, a la ruina. Tomemos nota de que las modas tienen que cambiar. Y no hay derecho a desconfiar de nuestros funcionarios, que son trabajadores como los demás. Sólo hay que desconfiar radicalmente de los administradores corruptos, que por desgracia resultan excesivos en nuestro país. Donde hay un jefe corrupto en la administración, es seguro que habrá funcionarios corruptos, donde hay un jefe decente es seguro que no lo tendrán fácil los funcionarios que tengan la tentación de ser poco escrupulosos.

¿SOLUCIONES A LA CRISIS?

La Defensora del Pueblo, que ejerce el cargo en situación provisional dada la incapacidad de llegar a acuerdos los dos grandes partidos estatales para hacer algo bien y su evidente capacidad de ponerse de acuerdo para fastidiar a la inmensa mayoría del país, ha solicitado que se tipifique en el Código Penal algo poco definido pero que todos entendemos a lo qué hace referencia: El despilfarro de dinero público.

El asunto es sumamente confuso, ya que el actual Código Penal recoge varios delitos de ámbito muy próximo a este vago concepto, y especialmente la llamada malversación de fondos públicos.

Si lo que se pretende con esta propuesta es tipificar la simple mala gestión pública, el tema parece de difícil adecuación en un Código Penal, ya que la delimitación de mala gestión es necesariamente subjetiva, si es el uso de dinero público con fines inadecuados a los fines decididos por los órganos de gobierno capacitados para ello, entramos ya en la malversación, si se trata de apuntalar la reciente reforma constitucional y poder llevar a juicio a los dirigentes que provoquen endeudamientos inasumibles, el tema carece de contenido real ya que la Ley Orgánica que ha de desarrollar esta reforma es seguro que dejará inasumibles flecos difusos suficientes como para no entenderse nunca cuándo el déficit es asumible, es estructural, es inasumible, o es coyuntural. ¡A buena hora se van a pillar los dedos los que han provocado esta catástrofe!

En todo caso la propuesta, en el que es probablemente el país de la justicia más corrupta de Europa, es un brindis al sol carente de trayectoria. Pertenece a esa amplia panoplia de propuestas, todas dignísimas e interesantísimas, que no tocan ni de lejos los problemas reales de nuestro corrupto Estado.

Otros proponen mayor rigor fiscal, o mayor control de las llamadas grandes fortunas, pero nadie quiere ir más allá de propuestas que, como la de la Defensora del Pueblo, acaban en generalidades de difícil adecuación a la cruda realidad.

Además ahora está de moda que haya miles o incluso millones de nuevos economistas políticos de café que ofrecen cada día soluciones adecuadas para los males de la patria desde tertulias de radio y tele o desde columnas periodísticas.

El hecho es que nuestra sociedad, y desde luego nuestros políticos, no están dispuestos a asumir bajo ningún concepto el hecho que verdaderamente importa: en el momento actual y con las estructuras actuales la crisis no tiene ninguna posible solución real.

Se suele comparar esta crisis con la del 29. Recordemos que la del 29 comenzó aproximadamente en aquellas fechas, tuvo un movimiento de acordeón hasta el 33 y luego una situación de caos generalizado que no llegó a su final nada menos que hasta 1948, en la llamada Conferencia de Bretton Woods. Se llevó por delante doscientos millones de muertos entre guerras y revoluciones, dio lugar a los campos de exterminio nazis, al Gulag soviético, y sobre todo a una guerra encarnizada que arrasó lo que quedaba en pie de la economía del mundo hasta dejar ciudades como Hiroshima, Nagasiki o Dresde convertidas en eriales planos.

La crisis se resolvió, ciertamente a un alto precio, pero es evidente que quedó resuelta. Había durado nada menos que veinte años y en ellos se vivió un infierno que no se recordaba en Europa desde los tiempos del Imperio Romano, pero quedó resuelta, al menos para los siguientes sesenta años.

El sistema resultaba eficaz, millones de trabajadores enviados al frente por la comida y el tabaco, las mujeres en las fábricas produciendo unos objetos de un solo uso: bombas y balas, y cobrando salarios impensables desde un punto de vista sindical, destrucción generalizada, saqueo de millones de casas y familias, de judíos, de japoneses, de supuestos anticomunistas o de supuestos comunistas o de supuestos enemigos del pueblo, o de supuestos enemigos políticos de los gobernantes de turno, millones de parados dispuestos a cualquier cosa y el robo de las materias primas en todo el mundo de forma inapelable y generalmente con trabajo esclavo. Una joya de crisis.

Ahora estamos en la etapa acordeón de la primera fase de la crisis. Todos los dirigentes políticos y económicos están volcados en ir realizando continuos ajustes de la situación para evitar la explosión. Actitud loable, Es como a los enfermos terminales que se les sube un pelín de tal fármaco, para compensar la descompensación de tales otros fármacos y a continuación hay que bajarles tal otro para controlar por un instante la nueva descompensación, y así se alarga la agonía durante a veces meses de vida indigna.

Mientras se negocian estos pequeños continuos ajustes o vueltas finas de tuerca, la situación se va degradando de forma continua, y millones de trabajadores se convierten en millones de parados, millones de ciudadanos ven bajar sus salarios, perderse sus imprescindibles servicios sociales, deteriorarse su convivencia, y hundirse su moral. Así se va creando el caldo de cultivo del fascismo, del fanatismo, del sectarismo y de la violencia social, y nos vamos preparando para segunda etapa de la crisis, la de los totalitarismos, previa a la de los campos de exterminio y las guerras mundiales.

La conclusión es simple: lo importante ahora para nosotros los ciudadanos que pretendemos ser lúcidos y decentes, no es luchar contra la crisis, que es algo simplemente imposible, sino luchar contra los fascismos, los totalitarismos y los fanatismos crecientes. Al menos esa parece que es la única vía que puede quedar a la ciudadanía más consciente en los tiempos que corren. El mundo ciertamente va a cambiar de base, de base y de forma, lo importante es el camino por el que queremos que cambie. Aún podemos elegir, dentro de poco, ya no.

Y a la Defensora del Pueblo queremos hacerle notar que tenga cuidado no sea que lo que se acabe tipificando como delito dentro de unos años sea el haber ejercido dignamente el cargo en democracia de Defensora del Pueblo.

MAGIA POTAGIA

El PP tras años de silencio sepulcral, nos ha ofrecido en pocas semanas dos propuestas que nos harán felices y resolverán todos los males de la patria.

Recientemente nos han dado la fórmula para crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Simple: sólo consiste en crear previamente un millón de puestos de empresarios que según sus curiosos cálculos empleen a tres trabajadores cada uno. Lamentablemente ni así sale la cuenta ya que uno por tres no es tres y medio, sino tres a secas. Ahora, dada la feliz fórmula, sólo tienen que explicarnos cómo van a crear ese millón de puestos de empresarios.

El pasado mes el Sr. Montoro, supuesto futuro vicepresidente económico del supuesto futuro gobierno popular, nos ofreció la nueva fórmula magistral: volver al ladrillo por la vía de liberalizar la totalidad del suelo de la totalidad del solar patrio. La idea es francamente buena, se crean un millón de empresarios nuevos que coloquen a tres millones (y medio) de trabajadores, y luego se les venden los pisos y apartamentos que estos mismos obreros construyan por decisión de los nuevos empresarios sobre los terrenos liberalizados, o sea terrenos sin pegas tontas de ridículas limitaciones legales, que sin duda pasarán a valer muchos millones, lo que hará que los bancos y los especuladores inviertan esos milloncejos de dinero negro que tienen guardado en las Islas Caimán. Se llama “Fórmula magistral Ánsar” y sólo le falta lo de declarar una guerra bien gorda.

De los más de un millón de apartamentos y pisos que probablemente están ahora desocupados, y esperando ser vendidos, ser embargados, ser alquilados o incluso ser derribados, no se nos dice nada, ya que no sería seguramente de buen gusto. Habrá que sospechar que ese millón de nuevos empresarios comenzarán por levantar empresas de demolición y tirarían los ya construidos y luego se reconvertirían en empresas de construcción que los volverían a levantar, y como de esta forma todo el mundo trabajaría y ganaría mucho dinero, podrían a su vez comprar los apartamentos que se volverían a levantar.

El PSOE tiene ideas más finas. Lo que harán, según dicen, es pedirle a los ricos y a los bancos que apoquinen para que las arcas públicas tengan buenos ingresos y así puedan impulsar la creación de un número indeterminado pero abundante de puestos de trabajo. Asimismo impulsarían moralmente y con buenos consejos a esos esenciales intermediarios que son los jóvenes, audaces y decididos nuevos empresarios.

Se nota claramente la diferencia entre los neoliberales y los socialistas. Es hora de que todos los ciudadanos vean clara cual es la política de los ricos y cual la de los trabajadores, Se agradece que por fin se marque claramente la frontera entre populares y socialistas.

Además ambos partidos coinciden en que lo de empresarios, y no digamos patrones, queda un poco basto, y han decidido que se les deberá llamar emprendedores. Parece que ya han sellado un nuevo pacto para hacer llegar la rectificación lingüística al Ministerio de la Verdad.

¡Qué gran placer son las elecciones en las que todo, menos la cruda realidad, es tan maravilloso!

TODOS A CÁDIZ

El reciente acuerdo entre dos partidos para imponer sólo ellos a todos los ciudadanos una reforma de no poca importancia en la actual Constitución, sin permitir ni tan siquiera la intervención en el Parlamento de los partidos minoritarios, ni desde luego tomarse la molestia de explicar el contenido y las razones de tales cambios a la ciudadanía, ha sido un importante paso en el necesario camino de demolición de una Constitución heredada de la dictadura franquista además de sumamente chapucera, resulta manifiestamente contradictoria, no sólo consigo misma sino con elementales principios democráticos.

Reproducimos aquí lo principal de la breve nota publicada en este blogg hace pocas semanas sobre los algunos aspectos escandalosamente no democráticos que establece firmemente nuestra, hasta hace unos días, sacrosanta e intocable Constitución.

Art. 8.1.- “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

¿El Ejército es garante de la unidad nacional? ¿El ejército está por encima de la soberanía popular?

Art. 56.3.- “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. (…)”.

¿La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad? ¿El ciudadano Borbón no es susceptible de ser acusado de delinquir en caso de delito flagrante? ¿Y en base a qué?

Art. 16.3.- “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Se deduce que la Constitución no considera el hecho religioso como algo situado en la órbita de lo privado, sino como algo de la órbita de lo público. Como conclusión establece que en su apartado referido supuestamente a la libertad ideológica y religiosa lo que se toma en cuenta no es el hecho religioso en sí, sino la organización pública que se constituye en representante oficial de ciertos y concretos hechos religiosos privados, y en concreto a la poderosa Iglesia Católica

¿El Estado ha de mantener especial relación de cooperación con la Iglesia Católica? ¿Con la organización que defiende notoriamente su interés en copar las instituciones públicas para su provecho particular? ¿Puede la Iglesia Católica demostrar que de alguna forma constatable es representante de los sentimientos religiosos íntimos de la ciudadanía española?

Art.- 24.2.- “… Asimismo todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (…)”.

¿Predeterminado por la Ley? La Constitución precisamente existe para evitar que haya leyes concretas que superen los límites de la propia Constitución. No es admisible ningún juez que no sea el natural. La Audiencia Nacional es el simple heredero formal del malhadado TOP de la dictadura.

Título 9 passim.- Este Título IX establece en sus diferentes artículos la creación de un Tribunal no compuesto por jueces de carrera sino por juristas elegidos por los diferentes partidos políticos según su representación en las Cámaras, con capacidad para anular o alterar las decisiones legislativas aprobadas por dichas cámaras o por los parlamentos autonómicos.

¿Tribunal Constitucional? ¿Para qué? ¿Para tener una cámara no electa, corporativa, elegida por los poderes políticos y económicos reales?

Art. nuevo a añadir al Título Preliminar.- La nación española y las naciones que se integran en el Estado español, condenan explícitamente todo régimen dictatorial, y en particular la dictadura franquista, declarando nulas de pleno derecho todas las sentencias y actuaciones judiciales que al amparo de tribunales especiales, carentes de toda legitimación, han sido utilizadas para perseguir, reprimir y condenar a los ciudadanos españoles por sus actuaciones en defensa de las libertades.

En el interregno ha salido a relucir otra polémica en la que subyacen nuevamente temas de reforma constitucional: la eliminación de las Diputaciones Provinciales, que en artículo anterior (Véase “Diputaciones-amputaciones” de 18 de agosto del presente) hemos planteado en qué forma afecta a la intocable –hasta hace unos días- Constitución y cuán chapuceramente está hecha.

Cuando estaba en discusión la Ley de Memoria Histórica, quien estas líneas escribe hubo de participar en una reunión de supuesto alto nivel con representantes del gobierno para exponer de forma oficial la postura de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, AGE. La discusión fue larga y ardua y conseguimos que se centrase en la exigencia de que se declararan nulos de pleno de derecho todos los juicios sumarísimos, los consejos de guerra, los juicios del Tribunal de Orden Público, etc, y por tanto sus condenas y consecuencias llevados a cabo durante la Dictadura. La respuesta que aportó quien entonces era el director general de los abogados del Estado, fue clarividente, se vio obligado a decir que eso era imposible constitucionalmente ya que la propia constitución es consecuencia y herencia directa de la legislación franquista, en la medida en la que la transición se realizó desde la legislación franquista, reformando de forma progresiva aquella legislación. Esto es una evidencia que se pretende ocultar siempre. Ni hubo ruptura ni hubo Cortes Constituyentes, sino simple desarrollo de la legislación de la dictadura para su evolución hacia leyes democráticas, en las que quedaban incluidos necesariamente numerosos elementos que no son sino herencia directa de la dictadura, elementos claramente no democráticos.

En realidad esa es la verdadera razón de porqué las fuerzas vivas de nuestra política se han empeñado durante treinta años en negar la posibilidad de tocar la Constitución. Tocarla era tocar los temas claves de nuestra historia reciente, y no podemos olvidar que todos los dirigentes políticos de ámbito estatal durante esos treinta años han sido gentes nacidas, criadas, educadas y politizadas durante, por, a través y esencialmente, por las instituciones de la dictadura. Uno de los acuerdos básicos nunca declarado de la transición es el de que no entrasen a gobernar exiliados, ni expresos, ni nadie que conservase en su pensamiento la herencia directa de la República, si no sólo quienes tuvieran esa necesaria proximidad de colegios, universidades y hasta campamentos del Frente de Juventudes con quienes pasaban sigilosamente desde el más puro franquismo a la democracia.

Y ahora que los acreedores aprietan y tienen agarrados del cuello a estos mismos políticos resulta que no hay ningún problema en hacer lo que sea: por ejemplo cambiar en quince días la Constitución –intocable hasta ahora mismo- sin más condición que la de un fino acuerdo de dos partidos políticos, eso sí, dominantes gracias a sus propias leyes electorales escasamente democráticas.

O sea que en cuanto se discute de ideas, todo es muy complicado, pero cuando salen los dineros a relucir, todo es muy fácil. Misterio.

Pues si todo es cuestión de dinero todo será cuestión de asfixias sociales: con millones de parados, bajándose los salarios, las pensiones y las ayudas sociales de todo tipo, y viéndose quebrar cada día innumerables comercios pequeños, trabajadores autónomos y empresarios de los de dos o tres empleados, el tema es fácil, no tenemos más que exigir como acreedores de este Estado medianamente democrático que en quince días o más, pero desde ya mismo se liquiden todos los aspectos de nuestra sacrosanta hasta hace pocos días Constitución que nos perjudican económica y socialmente y nos obligan a pagar las deudas creadas por otros con nuestros humildísimos salarios y pensiones.

Conclusión: Vayamos a por unas Constituyentes que se nos hurtaron hace treinta años.

Todos a Cádiz para el 19 de marzo del 2012, segundo centenario de la primera Constitución española.