Resulta muy oportuno que se haya puesto encima de la mesa la cuestión de los imprescindibles recortes en educación y sanidad. Sin duda hay que recortar gastos inútiles en ambos campos.
Por ejemplo hay hospitales públicos que tienen gestión privada. Es obvio que si hay una empresa privada que acepta hacerse cargo de esa gestión es porque espera obtener un beneficio económico. Luego la administración ha decidido perder ese beneficio y regalárselo a unos empresarios cuyo único objetivo es ganar dinero con tal encargo.
Como nadie duda de que toda privatización significa peor servicio y mayor coste, sólo podemos comprender que se haga este tipo de regalos a empresarios particulares por razones espurias.
Se intenta tapar la evidente realidad con eso de que la gestión privada es más eficaz que la pública, lo que nunca ha podido, ni podrá, ser demostrado, Sin duda si hay una administración corrupta y unos funcionarios ineficaces, el servicio al que deberían atender será un despilfarro y un desastre, por lo que no hay más que evitar la corrupción en la administración con medidas severas de persecución de tales prácticas y comprender que en la actualidad los dos millones de trabajadores de la administración son trabajadores eficientes, serios y rigurosos al menos en la misma medida que en la empresa privada.
En todo caso nada indica que la corrupción en la administración y la ineficacia entre tales o cuales sectores de trabajadores sea mayor en la empresa pública que en la privada, y aún podríamos decir que la corrupción en la empresa privada a niveles directivos tiende a ser sospechosamente mucho mayor que en la administración pública.
Luego es cierto que se impone hacer fuertes recortes. El primero, devolviendo a la administración las inmensas regalías que se han hecho a empresarios cuya función es puramente ganar dinero, y suprimir todo ese mundo de privatizaciones que ha inundado desde hace tiempo la sanidad estatal.
En segundo lugar hay que entender que la educación es un deber del Estado, no una opción generosa del poder. Todo ciudadano tiene el derecho a recibir educación y formación al menos en el nivel mínimo exigible para que todo joven que pueda tener estudios superiores acceda a ellos sin ver mermada esa capacidad por falta de dinero en sus casas. Asimismo, es un derecho recibir una formación profesional adecuada al nivel en el que todos los jóvenes puedan resultar capacitados para el ejercicio de profesiones particulares, independientemente de que luego puedan encontrar trabajo en algún momento en ellas o en ciertos periodos se vean obligados a peonar para vivir.
De esta manera el Estado deberá proveer todas las plazas, centros y medios que se requieren para esos importantísimos fines. Sólo en los casos de resultar imposible por la administración pública cubrir esta obligación en algún ámbito o lugar concreto se puede entender y admitir que se recurra a empresas privadas para subsidiar esa necesidad.
No cabe entenderse que se regale a empresas privadas y especialmente a la poderosa Iglesia Católica lo que ha de cubrir la administración pública. Sólo en el caso de que no sea posible para el Estado atender a un grupo de niños o jóvenes en determinadas circunstancias o lugares se puede aceptar que se pague a una empresa privada por atenderles.
Luego sobran todas las formas de enseñanza concertada. Todo el dinero hoy empleado en pagar a los curas es imprescindible para abrir nuevas escuelas públicas y pagar más maestros y servicios en la enseñanza. Y luego, si hay una familia que teniendo acceso a la enseñanza pública quiere llevar a sus hijos a escuelas privadas, hágalo en buena hora, pero pagándolo ellos, no los demás ciudadanos.
¿Qué no están de moda estas ideas? Pues las que parecen estar de moda son precisamente las que nos han llevado a todos, menos a un exiguo y selecto grupo de millonarios, a la ruina. Tomemos nota de que las modas tienen que cambiar. Y no hay derecho a desconfiar de nuestros funcionarios, que son trabajadores como los demás. Sólo hay que desconfiar radicalmente de los administradores corruptos, que por desgracia resultan excesivos en nuestro país. Donde hay un jefe corrupto en la administración, es seguro que habrá funcionarios corruptos, donde hay un jefe decente es seguro que no lo tendrán fácil los funcionarios que tengan la tentación de ser poco escrupulosos.
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