A Garzón la sociedad española le debe agradecer algunas cosas, y sobre todo ahora. Gracias a este juez juzgado, la justicia española ha quedado al nivel de la de Zimbawe, y no porque él sea arbitrario, sino porque a los ojos de todo el mundo ha quedado claro que la justicia española, ni es justicia, ni está limpia, y que al igual que en Zimbawe es pura política, es negocio, y es arbitraria. Ya lo hemos dicho otras veces: es herencia pesada de cuarenta años de fascismo.
A Garzón le condenan sus compañeros por intervenir las conversaciones de los dirigentes de la trama Gürtel en prisión y sus abogados. Es obvio que eso aniquila las posibilidades de defensa de los detenidos, y que por tanto representa un juicio previo con sentencia de culpabilidad por parte del instructor. El juez se defendió argumentando que en ese caso perseguía otro delito, que esencialmente era el blanqueo y la fuga de capitales que entre ambas partes estaban supuestamente organizando, y que nada de lo recogido en esas conversaciones entre presos y sus abogados había sido incorporado a la instrucción, y era sólo para uso de la policía en la persecución de ese otro delito.
Hasta aquí es impecable la acusación, y es poco clara la justificación. Pero en realidad el juez tiene cierta razón, ya que los legisladores habían cometido un error fatal al regular este tema: En España no está formalmente garantizada la confidencialidad de las conversaciones de presos y abogados: explícitamente la ley recoge que eso no está permitido salvo que se persigan delitos de terrorismo. Curioso. ¿Antes de que se le juzgue el instructor sabe cierto que ese preso es un terrorista? Y está claro que si se da una excepción tan poco garantista, no hay razón para no asimilar otras muy parejas.
¿Alguien piensa que es más peligroso un pistolero de la ETA que los jefes de una organización, en cuya cúpula se encuentra el tesorero del partido hoy gobernante, de quienes conocemos unas conversaciones telefónicas en las que discuten cómo comprar a tales y cuales políticos, robar a toda la sociedad, estafar y corromper?
Por tanto es claro que el problema no está ahí, sino en la estulticia de nuestros legisladores y la connivencia de la sociedad y sus órganos civiles. Nunca tenía que haberse podido aprobar una ley que permite dejar indefensos a unos presos y no a otros ante su juez instructor.
Pero estamos en España, donde la ley no es por mandato constitucional igual para todos, donde el Art. 56.3 de la Constitución dice que la persona del jefe del Estado puede robar, matar, estafar, o cometer cualquier otro delito y no podrá ser juzgada por ello. ¿Eso cabe en un Estado de Derecho?
Son legisladores de poca calidad. Se aprueban leyes que van contra todo sentido de Derecho. Se hizo hace unos años y se aprobó por casi unanimidad una ley manifiestamente contraria a Derecho ya que estaba dedicada a un solo caso: la Ley de Partidos Políticos, creada en exclusiva para impedir la existencia de Batasuna, y que además representaba un evidente prejuicio ya que se hacia juicio de intenciones si no se explicitaba por parte de ese partido una determinada condena a la organización ETA, y además quedaba a discreción de los jueces la calidad de esa posible condena si se hubiera llegado a dar.
Si se hacen leyes que sólo abarcan un caso singular, se acaba careciendo de Derechos por parte de todos, todos quedamos a discreción de arbitrarias interpretaciones subjetivas y prejudiciales. ¿Eso es un Estado de Derecho? Pues eso es exactamente lo que ha pasado en el caso ya juzgado de Garzón y la trama Gürtel.
Pero cuando se aprobó aquella ley o se aprobaron esas curiosas excepciones a la confidencialidad de abogados y presos, muy pocos levantaron la voz, y nadie llevó esa extraña legislación al Tribunal Constitucional y tras su evidente fallo, a los tribunales internacionales.
Claro que hay que entender que en España la Fiscalía está considerada por la ciudadanía con la misma categoría que la judicatura, o sea más bien entre escasa y ninguna salvo contadas excepciones singularísimas, y que el responsable máximo de la abogacía del Estado no es un abogado del Estado, sino un cargo político nombrado por el gobierno de turno libremente, igual que el Fiscal General y que el Fiscal General Anticorrupción.
Por eso decimos que no es sólo un problema de calidad de nuestro sistema judicial, sino sobre todo de nuestro sistema educativo: los jueces, fiscales y abogados salen de nuestra universidad con un confuso conocimiento de los pilares del Derecho y un claro concepto de los pilares de nuestra corrupta sociedad. Ahí es donde comienza el problema, incluido Garzón, pero sobre todo, incluido un Tribunal Supremo, cuyos componentes, por edad, es seguro que cantaron demasiados caralsoles en su juventud y eso quizás les pudo quitar tiempo para dedicarse a estudios probablemente más importantes.
La gran escuela de juristas, y sobre todo penalistas, españoles del pimer tercio del siglo XX hubo de dejar su altísima herencia en América y no se conoce ningún juez o magistrado de alto rango en el actual sistema judicial español que sea heredero de esa colosal fuente, si no más bien de la triste y sesgada universidad de la Dictadura. Cosas que pasan con las cómodas transiciones democráticas.
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