En anterior artículo decía que la salida de las crisis de América Latina comenzó por la decisión de aplicar fuertes quitas a las deudas de los países de éste área con la banca internacional. No quería decir que se debiera ir hacia esa fórmula, sino que inevitablemente se ha de ir hacia esa fórmula. O sea que nadie va a pagar todo lo que se debe, se quiera o no por parte de los banqueros acreedores.
Ahora se decide qué hacer con la deuda griega, sabiendo que no se va a pagar nunca. Algunos dicen que se tire Grecia a la basura, lo que representa repartirse el patrimonio público griego entre los acreedores. Pero ni eso cubriría la deuda actual superaumentada por la acumulación de intereses, ni existe más medio para aplicar una medida así de forma total y estricta que las Panzerdivisionen invadiendo nuevamente el país, lo que por ahora no es razonable.
La solución real es más graciosa, y la está estructurando el caso Dexia. Lo que no cobre este banco europeo de las deudas soberanas de los estados europeos, lo ponemos los ciudadanos de los países donde reside el banco, por medio de la división del banco en un subbanco que se queda los activos incobrables, que pasa a ser público y propiedad de los tres Estados en los que reside el banco, y en otro con los activos normales, que se vende a cualquier inversor internacional, obviamente por una cantidad mucho menor que lo que vale el banco malo. Con eso se evita una cosa muy interesante: la quiebra del actual Dexia.
No es muy original, aquí en España se ha hecho con varias cajas de ahorro, y lo único que ocurre es que nadie sabe por ahora qué hacer con los activos catastróficos de esos bancos malos resultantes.
Las quitas tienen cuatro ámbitos de existencia: las deudas familiares, las de empresas, las de los bancos, y la de los Estados. Están encadenadas fuertemente entre ellas y por tanto hay que decidir por donde empezar la toma de decisión.
Se puede comenzar por la quita que los bancos habrán de aceptar de los Estados, como parece que se está haciendo por necesidad, no por decisión consciente y voluntaria. El resultado es que los bancos acreedores le endosan a los Estados aún capaces de soportar esa carga la deuda fallida, y esos Estados la endosan al menos la parte absolutamente imprescindible a su vez a la ciudadanía suprimiendo servicios y bienes sociales para utilizar ese dinero en cubrir al menos esa parte de esas deudas que impidan caer precisamente a ese banco.
La quita podría sin embargo comenzarse por la familiar, justo al contrario. Legislando para que los particulares que tienen inmensas deudas con los bancos, en general por medio de hipotecas, no puedan ser esquilmados por los bancos acreedores.
En primer lugar los particulares en paro habrían de tener un margen de mora en sus pagos, al menos del principal, mientras durase esa situación. En segundo lugar la dación habría de valer como pago total de la deuda engendrada desde la hipoteca. En tercer lugar debería legislarse la capacidad del deudor de cambiar, si no tiene otra posibilidad de pago, la deuda pendiente al plazo en que se encuentre, por deuda a muy largo plazo, del orden de los cien años, sin subir los intereses. En último lugar, siempre pueden legislarse formas de protección sobre el pequeño propietario, al menos de la casa familiar única y del local comercial singular, cargando las tintas más bien sobre las segundas viviendas. En último lugar, pero no por eso el menos importante, habría que legislar sobre la responsabilidad en tales hipotecas de las empresas inmobiliarias que les vendieron estas propiedades y de los bancos que les financiaron con pleno conciencia y conocimiento de que el hipotecado no podría a la larga soportar esos pagos, y que por tanto estaban llevándoles a firmar la devolución de dinero, para al final hacerse con el patrimonio inmobiliario del deudor, como así está siendo. En estos casos la legislación debería replantear las responsabilidades del deudor con la entidad financiera, si se puede demostrar que el banco y la inmobiliaria abusaron de la buena fe del hipotecado.
Al margen de estas medidas legales debería abrirse una durísima investigación fiscal y policial sobre los mediadores de los créditos hipotecarios a gentes de escasos medios económicos, los llamados prestamistas, actividad que estricto senso está prohibida, pero que en realidad ha sido el pan de cada día de los créditos hipotecarios a gentes de escasos recursos para la adquisición de primera y única vivienda.
Al fin y al cabo estamos hablando de una determinada concepción de la propiedad, una determinada concepción de la sociedad.
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