¡POR 30 €!

Me cuenta un ciudadano alemán, que en España existe un impuesto especial sólo para residentes extranjeros en España. Su cuantía es de 30 € al año, y obviamente no lo paga nadie.

Este ciudadano decidió con buena moral luterana que si hay un impuesto hay que pagarlo. Cuando le comunicó su decisión al carpetovetónico agente  local que llevaba sus papeles, este le dijo que para qué iba a pagar un impuesto que si bien existe, nadie lo paga nunca.

Se empeñó, y decidió rellenar los papeles que permitían hacerlo efectivo. Tuvo que desplazarse personalmente a diversas oficinas porque le aseguraron que no podía hacerse efectivo sin contar con su personación efectiva y real.   

Desde luego que no existe la reclamación previa del impuesto que por medios racionales indiquen al sujeto del tal que debe hacerlo efectivo, que ha de hacerlo en tal oficina, por tal banco, en tal fecha y con tal o cual documentación.

Esa ardua labor, que supuestamente le evitará recargos por impago, debe hacérsela el solito, personalmente, pero sabiendo que si no declara en tal oficina que es residente, que tiene tal o cual propiedad en tal sitio, que utiliza a tal o cual agencia de banco y que obra en su poder la documentación adecuada que demuestra todo eso y más, nadie le reclamará nunca el pago de tal impuesto.

Mi amigo, que no reside todo el año en España, pero está censado en nuestro pueblo, consiguió al cabo de muchos esfuerzos y tiempo que le diesen el visto bueno imprescindible para pagar su impuesto de 30 €, sabiendo que los atrasos no contaban porque habían preescrito y que el ingreso debería hacerlo vía Diputación Provincial en la capital de su provincia de 9 a 13 horas de lunes a viernes.

Pero justo en ese momento le informaron que el célere impuesto para extranjeros residentes se suprimiría en este mismo año. Ante él se abrían dos posibilidades: a saber, pagar el del año en curso o esperar hasta el vencimiento del año y nuevamente no tener obligación de pagar. En su férrea moral luterana y cívica decidió que lo suyo era pagar.

Entonces le informaron que el Estado por medio de su astuta Ministra de Hacienda había decidido que era mejor cobrar el impuesto que no cobrarlo, y que ahora pedía a todos los residentes extranjeros la certificación del Registro de la Propiedad donde constaría la inapelable obligación de pagar el impuestito de marras, repetimos 30 € al año por propietario residente.

Mi amigo había pagado ya y como es el caso de que es de profesión economista tuvo la curiosidad de dedicar algo de su tiempo a estudiar algunos datos del sistema impositivo español.

Descubrió que los dos países de la Comunidad Europea en los que menos recaudaba la Hacienda Pública eran curiosamente Grecia y España, que los ingresos previsibles de la Hacienda Pública española por el cobro de tal impuesto parecían ser mucho menores que el costo de cobrarlo, tanto, que cuando decidieron anularlo pensaron seguramente que era un absurdo despilfarro, pero que afortunadamente alguien debió advertirles que había cerca de un millón de residentes extranjeros con propiedad inmueble en España y que eso representaría a botepronto unos 30.000.000 € a tocateja más los atrasos reclamables por impago, por lo que ahora había decidido exigir el que se hiciera efectivo de forma perentoria, y que por fin, el tal impuesto seguía sin pagarlo nadie.

Su comentario se redujo a hacerme observar que aquí sólo pagan impuestos los pobres, y que eso no parece excesivamente bueno para la economía del país.

Y, por cierto, añadiremos: ¿no es ilegal cualquier discriminación referente a los ciudadanos de la Comunidad Europea residentes en cualquiera de los países que la componen?