Se trata de dos problemas paralelos, suponiendo que los lelos seamos los ciudadanos agobiados. El primero es el de la salvación de la nación, el otro el de la salvación de los ciudadanos ante las agresiones del desgobierno actual.
El desgobierno llama a rebato ante la posibilidad de que el gobierno argentino nacionalice el largo brazo transoceánico de Repsol llamado YPF. Resulta que esa acción es una grave ofensa a España, una agresión a la nación, un pirateo que requiere la movilización de ministros, embajadores, banqueros, y de demasiados medios de comunicación afines al toque de clarín oficial.
Recordemos que el gobierno argentino pretende simplemente comprar la mitad más un punto de esa parte de la empresa, y que no piensan convertir a esa empresa en propiedad del pueblo argentino, sino entregársela a otras empresas, sólo que de nacionalidad argentina en vez de la actual española, más bien un simple trapicheo entre poderes.
Ya pasó hace pocos años cuando el gobierno chavista de Venezuela decidió nacionalizar la sección venezolana del Banco Santander, operación que negoció con el tristemente célebre Botín, y que consistía literalmente en comprar por su precio de mercado la mayoría de sus acciones en esa autofranquicia. La campaña de defensa del honor nacional que cierta prensa y la derechota de toda la vida levantó fue descomunal, incluso mayor que la que hoy nos ofrecen desde el propio gobierno.
En realidad la única verdad la ha dicho el siempre consecuente y bastante riguroso presidente de Canarias cuando el ministro de industria, por cierto canario, aprobó hace unas semanas la concesión a la misma Repsol de prospecciones petrolíferas en la costa de las islas. Tienen casi el cincuenta por ciento de paro, su agricultura está en situación extrema, carecen de industrias, y su único medio de supervivencia es el turismo. El regalo del ministro del gobierno de España, por cierto, insistimos, canario, es directamente letal. El presidente canario ha levantado la voz indignado, y el gobierno de la nación española le ha respondido con muy serias razones: que España es deficitaria en fuentes de energía, que no puede negarse a apoyar la salvación de la patria común que representa encontrar petróleo en aguas territoriales, que seguro que serán prospecciones muy cuidadosas que en nada afectarán a sus turistas. El presidente ha respondido con las verdades del barquero: Que qué puñetas de España dicen si de lo que se trata es de los negocios de una multinacional totalmente privada llamada Repsol.
En esa misma dirección aclararemos algo que es obvio y que nadie quiere decir públicamente: ni el Banco Santander, ni Repsol, ni Telefónica, ni Iberdrola, ni Endesa, ni ninguna de esas malditas multinacionales son otra cosa que brutales enemigos de los ciudadanos españoles. Que es algo notorio que si mañana quiebra el Santander y se pega un tiro en la sien el tristemente célebre Botín, o que si al compañero de pupitre de Aznar, gracias a él presidente de Telefónica, autodenominado Sr. Alierta, o que si Martín Villa y sus maniobras en el mundo de las multinacionales de la energía, o cualquier otro de estos indeseables compatriotas, se arruinan y se les hunden sus empresas, cientos de miles, e incluso millones, de españoles y de ciudadanos de medio mundo descorcharán muy contentos lo que puedan, cava o una simple gaseosa, para celebrarlo.
De esta manera quede claro que la defensa de España sería más bien precisamente cualquier cosa que pueda perjudicar, dañar, entorpecer o al menos controlar mínimamente a estos monstruos, y el mayor ataque a la ciudadanía española es gastar un solo céntimo más en seguir engordándoles a costa nuestra. Sin duda todo lo que pueda hacer daño a entidades como el Banco Santander sólo puede ser motivo de satisfacción para miles de desahuciados, de estafados, o la ruina de Endesa, de Repsol, Iberdrola, Sacyr, o de cualquiera de estas multinacionales siempre será motivo de alegría para millones de robados en los precios de la luz o al llenar el depósito en la gasolinera, estafados en la venta de su casa, o simplemente al verles la cara a estos verdaderos carroñeros, y que la destrucción de estas empresas sólo puede redundar, aunque sea a la larga, en beneficio de la ciudadanía, ¿o no?
Pero paralelamente, el gobierno decide olvidarse de la existencia de Códigos legales en nuestro país. Deciden echar una mano a los defraudadores de la Hacienda pública, sabiendo que el código penal persigue esa figura que se llama colaboración en el blanqueo de capitales, tal como nos recuerda en un interesante artículo el afortunadamente honrado jurista Sr. Gómez Benítez en su reciente artículo publicado en El País.
Deciden olvidar tanto la propia constitución de la que tanto alardean, y la aplastantemente abundante legislación ordinaria sobre el derecho de manifestación, amenazan con meter dos años en la cárcel a quien decida permanecer sentado manifestando su pacífica protesta en cualquier lugar público, o asimilar a un terrorista a quien convoque a sus compañeros por la red a protestar si la protesta acaba en incidentes violentos. Salvo que se refieran a que van a meter en la cárcel por fin a los jefes de ultraderecha de la policía valenciana, manifiestamente agresivos, y entre los que es vox populi que se cuentan presuntamente altos responsables de la organización fascista España 2000, la amenaza gubernamental parece indicar que el ministro de interior y el de justicia sacaron sus títulos de licenciados en Derecho o bien en una tómbola, o bien en alguna marginal universidad franquista de las que se expulsaba sin remedio a los profesores que se atrevían a levantar la voz contra el Régimen.
El derecho de manifestación está en España ultraregulado, los policías actúan generalmente por las órdenes que reciben de sus jefes, es imposible que con las leyes españolas en la mano se pueda condenar sin trampa a un ciudadano por actos que cometan otros, meterse con las convocatorias por Internet es decir absurdos ridículos, ya que todos –menos ellos, parece- sabemos que este medio y la telefonía móvil no pueden ser fácilmente controlados ni siquiera en la dictatorial República antipopular China.
¿A qué vienen entonces esas pueriles amenazas? ¿Son quizás un aviso de cómo poco a poco piensan en ir tirando a la basura los derechos reales que la Constitución del 78 no tuvo más remedio que otorgar (si, decimos otorgar) a la ciudadanía, e ir a la vez olvidando que esa misma Constitución no es democrática en al menos tres de sus artículos, los que hacen referencia al Rey –inviolable-, al ejército –depositario de la unidad de la patria en contra de decisiones soberanas de los ciudadanos- o de la Iglesia Católica –con trato constitucional de favor frente a cualquier otra organización ideológico-religiosa?
Sin duda hemos entrado en un fuerte periodo de desintegración como país. Al tiempo.
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